El 30 de julio, el Congreso de los Estados Unidos aprobó por unanimidad una resolución que condena la matanza de focas de Canadá y solicita el cese inmediato de dicha actividad.

La Fundación Altarriba presente en las sesiones del Capitolio

Nuestro Gobierno vuelve a desmarcarse,
y se alinea con los argumentos de Canadá en la matanza de focas

Como ya hiciera el año pasado, el Gobierno ha rechazado cualquier medida que pueda prohibir la comercialización en España de productos de foca, desmarcándose de sus colegas europeos.

En su respuesta a la pregunta del diputado Francisco Garrido sobre la Proposición No de Ley para prohibir estos productos en España, el Gobierno, a través de la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes, se remite a la respuesta de las autoridades canadienses sobre la escasez de los bancos de pesca, negando que los animales se despellejen vivos y afirmando que la muerte a garrotazos es menos cruel que los mataderos comerciales, lo que viene a ser como justificar la inyección letal porque es menos cruel que la horca, cuando lo que se debate es la pena muerte en sí misma.

Con todos los respetos para nuestro Gobierno, los argumentos canadienses han sido ampliamente desmentidos por la comunidad científica y por veterinarios independientes, y la propia sociedad de ese país está contra la masacre. La matanza comercial de focas, que en ningún caso incluye a las comunidades indígenas, como los Inui, es una actividad impresentable y brutal dirigida al mundo de la alta costura, que produce unos beneficios mínimos a los cazadores, quienes dicho sea de paso ya han afirmado que cazan porque les divierte, y no porque necesiten el dinero.

Que nuestro Gobierno remita las quejas de los ciudadanos españoles al Gobierno de Canadá, tal y como afirma, es un absurdo, porque no es a ese gobierno a quien compete la prohibición en España, que es lo que se pide desde la PNL y desde la campaña de Fundación Altarriba en apoyo de ésta.

Nuestro Gobierno no acaba de entender que la matanza comercial de focas, que patrocina y subvenciona el Gobierno de Canadá, es una actividad rechazada a nivel internacional por la brutalidad que supone, por los cientos de miles de crías que matan al año y porque su destino final son las pasarelas, todo ello envuelto con los bancos de bacalao y el hecho de que no sea una especie en extinción.

Y que no nos vengan con los "white-coats", que son las menores de dos semanas, porque eso ya clamaba al cielo, igual en realidad que las de cuatro, o cinco, o seis, ... porque la industria de la moda quiere las pieles con las menos manchas posibles, y esas son las de las crías.

Esta respuesta de nuestro Gobierno, echando pelotas fuera a favor de la postura oficial canadiense, se produce curiosamente cuando en nuestro país arrecia la polémica sobre otra matanza patrocinada y subvencionada por nuestro propio gobierno, la de las corridas de toros. Cuando la sociedad española ya empieza a manifestar su disconformidad con dicha práctica en la calle y por millares, como ocurrió en Barcelona el pasado 17 de junio, atendiendo a una convocatoria de Fundación Altarriba, Fundación FAADA y Libera!, podemos suponer el miedo escénico del Ejecutivo español a una respuesta pública y contundente de Canadá haciendo referencia a las brutalidades propias, y animando a no intervenir en asuntos ajenos.

Por último, queremos recordar al gobierno español que en efecto, una prohibición a nivel de la UE obligaría a España y de paso le sacaría las castañas del fuego, pero el Consejo de Europa, en 2006, aprobó un llamamiento a los países miembros (entre ellos, a España), para que promovieran en sus territorios la prohibición del comercio de productos de foca en tanto llegaba o no la prohibición general, algo que ya han hecho Holanda, Austria, Bélgica e Italia, y que Reino Unido, Francia y Alemania están a punto de hacer.

Nosotros a la cola, como siempre, y además esperando órdenes.

La Fundación Altarriba ha sabido, de fuentes bien informadas, que la multinacional Noveprim, propietaria de la granja de Camarles, ha solicitado una ampliación de sus instalaciones a la Generalitat de Catalunya.

Más de 3.000 macacos han pasado ya por una granja que viola al contenido de la vigente Ley 22/2003.

Noveprim, propietaria de la granja de macacos de Camarles (Tarragona), donde se mantienen y crían macacos para ser vendidos a laboratorios con destino a pruebas de experimentación, ha solicitado una ampliación de sus instalaciones, a pesar de que está vigente la ley que prohíbe este tipo de negocios en todo el territorio de Cataluña, una ley aprobada por unanimidad por el Parlamento autonómico. Más de 3.000 macacos han pasado por la granja en los últimos tres años hacia un fatal destino.

A pesar de todas las presuntas irregularidades cometidas en el proceso de construcción de esta granja, que fueron denunciadas ante los Tribunales en su momento por la Fundación Altarriba, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña sentenció finalmente a favor de la empresa, en contra de todas las pronunciaciones anteriores que daban la razón a nuestra entidad, en contra del propio Ayuntamiento de Camarles que había retirado la licencia, y en contra también de la mayoría de los habitantes de la localidad, representados por la "Plataforma Aturem la Granja de Camarles".

La opinión pública se pregunta si una actividad prohibida por la ley puede seguir funcionando con absoluta impunidad y, si es así, para qué sirven las leyes. Al parecer, la empresa cuenta con informes favorables para esta ampliación de administraciones catalanas.

Recordamos que Noveprim cuenta entre sus accionistas mayoritarios con Covance, una empresa dedicada a hacer experimentos con animales por encargo, con laboratorios en Münster (Alemania) y Virginia (USA), que habría pagado 18 millones de euros por su participación, y que se aseguraba así la "materia prima".

Esta empresa ha sido denunciada públicamente por distintas ONG (entre ellas BUAV y PeTA) que han aportado vídeos en los que se demuestra la crueldad con los primates dentro de sus laboratorios.